SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR;

SEÑORES REPRESENTANTES DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN;

AUTORIDADES NACIONALES;

INVITADOS ESPECIALES, SEÑORAS Y SEÑORES:

En nombre del Gobierno argentino y en el mío propio les doy la bienvenida a este Seminario sobre “La función del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en la solución de controversias en América de Latina”. Es para mí un verdadero honor recibirlos en nuestro país, y en esta Cancillería.
 
En primer lugar quiero agradecer al Sr. Presidente del Tribunal y a los Señores jueces por concebir y dictar este Seminario, que no tengo dudas será de enorme provecho para todos los funcionarios de los países que participarán.

Asimismo, agradezco a los participantes de los países hermanos de la región por estar aquí acompañándonos. Es realmente prometedor ver nuevamente reunidos a especialistas en derecho del mar de toda América Latina. La acción coordinada de los países de la región dejó una marca indeleble en los resultados de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es un logro de esta región, entre otros, la consagración de la zona económica exclusiva, espacio marítimo fundamental para los intereses de los Estados ribereños. Es mi esperanza que los nuevos desafíos que se presentan en el derecho del mar actual nos encuentren tan unidos como entonces.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece el marco jurídico en que deben desarrollarse todas las actividades realizadas en los océanos, y reconoce la conveniencia de establecer, por medio de la propia Convención y con el debido respeto de la soberanía de todos los Estados, un orden jurídico para los mares que facilite la comunicación internacional y promueva los usos con fines pacíficos de éstos, la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos.

Al momento de la III Conferencia, la Comunidad Internacional consideró que todos los asuntos del Derecho del Mar debían encontrar encuadre en el sistema de la Convención. Como resultado, la Convención es uno de los instrumentos internacionales
más complejos y abarcativos que se hayan negociado en la historia de las relaciones internacionales lo que le permite englobar y regular inclusive nuevos problemas y nuevos usos del mar surgidos después del momento de su adopción.

Todo ello confirma la vigencia e importancia de la Convención, y de su sistema de resolución de diferendos. En efecto, la inclusión de un sistema de solución de controversias efectivo y vinculante, del cual el Tribunal Internacional del Mar es una institución fundamental, asegura y contribuye al cumplimiento de las obligaciones contenidas en ese instrumento.

La República Argentina, reconoce y apoya el rol institucional del Tribunal Internacional de Derecho del Mar con
relación a la interpretación y aplicación de la Convención. Como todos sabemos, bajo la Convención sobre el Derecho del Mar los Estados pueden elegir uno o varios medios para la solución de las controversias. En tal sentido, la República Argentina declaró oportunamente aceptar en orden de prelación preferencial, como primera opción, el recurso al Tribunal Internacional de Derecho del Mar.

Resulta además necesario destacar el activo e importante rol que América Latina ha tenido siempre en el desarrollo progresivo del derecho del mar, en temas como, por ejemplo, la caracterización, la extensión y la administración de los recursos en la Zona Económica Exclusiva  y en la Plataforma Continental. La Argentina ha sido pionera en estos temas, en pie de igualdad con los demás países de la región.

La Argentina está profundamente comprometida con el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es por ello que creemos que, en la aplicación de sus disposiciones y en la búsqueda de soluciones para los nuevos desafíos que las profundidades oceánicas nos presentan, resulta fundamental acompañar al Tribunal en toda iniciativa que tenga por finalidad reforzar su papel en la interpretación y aplicación de la Convención.
 
La tarea principal que tenemos por delante los Estados es la de esforzarnos en lograr que mejore el nivel de aplicación de la Convención y el cumplimiento de las obligaciones que emanan de ella.

Me complace por tanto, inaugurar este Seminario, el que contribuirá a esta tarea, fortaleciendo el conocimiento de los Estados y sus representantes sobre tan importante instrumento del derecho internacional.